El acuerdo adoptado, por unanimidad de todos los grupos políticos, hará posible que la subida del tres por ciento del valor catastral establecida por el Gobierno Central para los inmuebles de nuestro municipio no se vea reflejada en el “recibo de la contribución” este año.
Como todos sabemos, lo que pagamos en el recibo del IBI es el resultado de multiplicar el valor catastral del inmueble (determinado por la Dirección General del Catastro) por el tipo de gravamen que establece cada ayuntamiento.
Lo que pagamos en Isla Cristina en la popular “contribución” el año 2013 el Ayuntamiento solicitó a la Dirección General del Catastro la actualización y aplicación de los valores catastrales de los bienes inmuebles y, además, elevó el gravamen municipal del 0´88 al máximo que le permitía la Ley: 1,10 (único ayuntamiento en toda la provincia que lo hizo).
Estas dos medidas nos obliga a los isleños e isleñas a pagar la contribución más alta de toda la provincia (incluida la capital) viendo y sufriendo el incremento del 43,94% en el valor catastral de cada uno de sus inmuebles, mientras que, en municipios de nuestro entorno, como Ayamonte es menos de la mitad: el 21,27 %.
“La pasada” de lo que pagamos los isleños e isleñas de “contribución” es decisión y consecuencia de las medidas tomadas por PA-PSOE con Montserrat Márquez aún socialista por aquellos tiempos: los mismos que hoy nos gobiernan.
Lo aprobado en Pleno del día dos no pone fin al incremento del IBI, compensa la obligada subida -establecida por petición expresa realizada desde nuestro Ayuntamiento 31 de enero de 2013 a la Dirección General del Catastro- bajando 0,032 puntos la tasa municipal que pasa del 1,10 al 1,068 haciendo posible que los isleños e isleñas no notemos dicha subida.
Los Independientes Isleños aprobamos esta reducción. Reducción posible a la mejora económica actual de nuestro ayuntamiento tras la sacrificada labor realizada durante el periodo que gobernamos. Periodo en el que pusimos fin al despilfarro económico de los gobiernos anteriores que dilapidaron el efectivo económico –más de 8 millones de euros en la empresa municipal, por ejemplo- y embargaron nuestro patrimonio haciéndonoslo pagar a todos los isleños e isleñas.
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