Los andalucistas isleños han sacado adelante sus tres mociones en el pleno de abril, celebrado ayer mañana en el ayuntamiento de Isla Cristina y en el que, definitivamente, también ha salido aprobada la rotulación de una calle al cantante isleño Manuel Carrasco, una vez finalizado el expediente.
La sesión plenaria volvió a contar con la asistencia de algunos de los despedidos por el ERE que el tripartito ha llevado a cabo y que está pendiente de las diferentes demandas individuales y colectivas presentadas. En un par de ocasiones, la alcaldesa volvió a amenazar con suspender el pleno o desalojar la sala “si no os estáis calladitos”, les espetó a los asistentes. Misma sesión en la que el tripartito, formado por PIF-PP-CxI, aprobó subir las tarifas de la conocida como Zona Azul, tanto para Islantilla como en Urbasur.
En lo que a mociones se refiere, el portavoz andalucista, Francisco Zamudio, ha conseguido recabar el apoyo de todos los grupos políticos en el pleno para que se aprobaran las tres presentadas. La primera de ellas, en defensa por los ataques que ha sufrido últimamente algunos productos de USISA, provocados por el vídeo de un autodenominado catador de conservas. Zamudio argumentó durante sus intervenciones que “la supuesta cata, origen de la polémica mediática, como se puede comprobar por el vídeo, se llevó a cabo sin los más mínimos controles y normas que rigen este tipo de estrictas pruebas, que realizan afamados catadores, con una larga y experimentada carrera profesional” .
El texto también recoge que “a partir de aquí, tanto en las redes sociales, como en el medio provincial que se hizo eco de la noticia, se provocó una avalancha de comentarios en contra del supuesto catador y sus injuriosas opiniones, hasta el punto que la propia USISA se vio en la obligación de aclarar ciertos aspectos sobre la prueba, el origen de ésta y el curriculum del catador”.
Por todo ello, y una vez aprobado el texto, el Ayuntamiento de Isla Cristina, en representación de la Ciudad, volvió a mostrar su apoyo incondicional a la conservera USISA, así como “la solidaridad hacia sus dirigentes y empleados; mostrar nuestra repulsa e indignación por el origen de la polémica, una cata que no han contado con ninguna garantía de objetividad y profesionalidad; Involucrar a las administraciones competentes, provinciales, autonómicas e incluso nacionales, en la defensa de los productos isleños, andaluces y españoles, cuando éstos se vean atacados injustamente, ya sean por agentes externos o del propio país”.
En otro orden de cosas, se aprobó la tercera de las mociones, “solicitar ayuda y apoyo material” para los damnificados del terremoto de Ecuador. En este asunto, Zamudio dijo que “con el fin de mitigar en lo posible el sufrimiento posterior a la catástrofe, muchos países, incluido España, están prestando ayuda en lo más básico, como el traslado de depuradoras de agua potable, alimentos infantiles y para adultos, ropa, tiendas de campaña; en definitiva lo más perentorio mientras el país intenta retomar la normalidad y sus instituciones restablecerse de tan duro golpe. Por este motivo, todos debemos estar implicados con un pueblo hermano, como es ahora Ecuador”.
El texto también recordó que “Isla Cristina ha demostrado, desde siempre y cuando ha sido necesario, su solidaridad, no solo con los propios isleños, sino con afectados por catástrofes mundiales de esta magnitud”, sigue diciendo la moción, “tenemos la experiencia con la costa de Guatemala, devastada en 1998 por el huracán Mitch y a donde, desde Isla Cristina, se pudo enviar 24.000 euros procedentes de una cuestación popular, a través de la radio municipal, de donaciones privadas y de entidades públicas, como el propio ayuntamiento. En gratitud, los guatemaltecos rotularon escuelas y plazas con el nombre de Isla Cristina y de su entonces alcalde y posteriores visitas de sus dirigentes políticos a la ciudad para plasmar el agradecimiento”.
La moción aprobada, además de solidarizarse con el país sudamericano, solicita que el ayuntamiento articule una línea de actuación con el fin de recaudar ayuda que unir a la que el Gobierno de la Nación está enviando con cierta periodicidad.
Y la última de las propuestas andalucistas versó sobre la mala utilización que ladrones están haciendo de la información que ofrecen los nuevos contadores eléctricos, llamados inteligentes. Y es que estos modernos dispositivos cuentan con una luz-led, de color verde, y otra roja, que en función del que esté encendido, le indica al asaltante si la vivienda está ocupada, vacía de forma temporal o continuada, según el ritmo del parpadeo de dicho led. Por lo tanto, los andalucistas se unen a otras poblaciones que ya han solicitado en sus respectivas poblaciones que la compañía eléctrica ENDESA “modifique el indicador de luz led” para que no pueda servir como información para los posibles ladrones. Asimismo, notificar dicho acuerdo a la FEMP, FAMP y al Ministerio de Industria para que realicen cuantas gestiones crean conveniente en este sentido.
Ya en el último apartado de Ruegos y Preguntas, los andalucistas pidieron información sobre que vecinos de la calle La Pinta, denuncian “el socavón realizado por Giahsa y que lleva tres meses abierto”, con el consiguiente riesgo para personas y el tráfico.
La segunda de las peticiones realizada por los andalucistas fue directamente hacia el Equipo de Gobierno Municipal para “que haga un intento y abra nueva negociación con la Plataforma de Afectados por el ERE, buscando soluciones, negociando directamente con ellos, antes del próximo 9 de junio, fecha fijada por el TSJA para la celebración del juicio” por la demanda colectiva interpuesta por los empleados despedidos, propuesta bien recibida por éstos que presenciaban como público la sesión, momento en el que los micrófonos y cámaras de televisión asistentes, grabaron la carcajada de la propia alcaldesa, Antonia Grao, hecho que indignó a los ex empleados públicos.
Y la última de las cuestiones andalucistas versó sobre los ataques a facultativos en diferentes centros de salud de la provincia y por lo que se solicitó que “se inste a la Junta de Andalucía para que garantice la seguridad en los Centros de Salud y, en concreto, el de Isla Cristina”.
Posteriormente, la alcaldesa isleña, Antonia Grao, finiquitó el pleno, de forma rápida para evitar que los representantes de la Plataforma de Afectados por el ERE pudieran manifestarse, lo que no evitó fue el abucheo generalizado con el que terminó la sesión.
Tanto andalucistas, como socialistas, anunciaron una rueda de prensa conjunta para denunciar algunas actitudes y hechos acaecidos durante el transcurso de la sesión plenaria.
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