EL PLENO APRUEBA UNA MOCIÓN ANDALUCISTA QUE PERSIGUE DAR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA A LOS CHIRINGUITOS ISLEÑOS
El Ayuntamiento de Isla Cristina ha celebrado su sesión plenaria de septiembre en la que se aprobó una moción andalucista que busca darle estabilidad y seguridad jurídica a los chiringuitos isleños. La sesión tuvo su parte más agria cuando los doce miembros del equipo de gobierno (PIF-PP-CxI) rechazó, ante el asombro de todos los asistentes, la petición de los andalucistas sobre “levantar la suspensión” del PGOU isleño.
Pero antes de todo esto, tomó posesión el quinto concejal andalucista, Francisco David Sosa López, quien prometió su cargo y posterior imposición de su medalla que le acredita como edil de la corporación municipal.
Seguidamente, el plenario aprobó una Declaración Institucional referente a la crisis migratoria y actual situación de los refugiados que llegan a Europa. Asimismo, se pide la máxima celeridad en la búsqueda de una solución global con el fin de evitar más sufrimiento a los miles de ciudadanos sirios que se están viendo obligados a abandonar su país por la persecución del Estado Islámico. El texto incluyó una propuesta andalucista por la que se solicita que, a través de los Servicios Municipales, en colaboración con entidades y asociaciones benéficas, se articulen los cauces necesarios para “canalizar la solidaridad de isleños y colectivos en la acogida de estos refugiados”.
Durante el debate de la siguiente moción, referente a la colocación de un semáforo en La Redondela, el tripartito increpó al alcalde de la entidad local autónoma, además de ningunearle y no darle participación en la propuesta. A continuación, el tripartito rechazó una moción sobre la participación de los ciudadanos en la elaboración de los Presupuestos Municipales que, curiosamente, Ciudadanos por Isla contemplaba en su programa electoral y que ahora votaron en contra.
Seguidamente le tocó el turno a la moción andalucista referente a los chiringuitos isleños. Y es que según un decreto del gobierno central de 2014, la Junta de Andalucía, antes de mediados de octubre, debe de calificar las playas donde se ubican estos establecimientos y que se distinguen entre playas naturales y urbanas, siendo muy negativo para éstos el que fueran incluidos en las “naturales”. Por todo ello, Zamudio solicitó que “en base a la singularidad de nuestra costa y playas, las cuales se encuentran cercanas a núcleos de población, con accesos, alumbrado, agua y saneamientos, se califiquen las mismas con carácter urbano”. La moción salió aprobada por todos los grupos presentes y será elevada a las dos administraciones competentes en la materia, Gobierno Central y Junta de Andalucía.
Otra de las mociones andalucistas no corrió la misma suerte y fue rechazada por el tripartito. Hecho, éste, que arrancó la sorpresa entre concejales y asistentes al pleno, dado que el equipo de gobierno había manifestado estar de acuerdo con la propuesta, resaltando la importancia de ella. Los andalucistas, que en varias legislaturas han sido los que desarrollaron el PGOU de 1987 y llevaron a cabo varias aprobaciones (avance, inicial y provisional) del vigente, y por ende, conocedores en profundidad del documento urbanístico y sus diferentes adaptaciones legales, así como de los recursos que han habido, en estos momentos entienden que “debería de procederse al levantamiento de la suspensión que sobre los suelos turísticos existe por decisión de la Junta de Andalucía”. Zamudio continuó diciendo que “es fundamental que cuando llegue la reactivación del sector urbanístico estén parados, desde el punto de vista del planeamiento, para que se puedan desarrollar, porque ello implica empleo y riqueza para la población”. Todas estas explicaciones y argumentaciones cayeron en saco roto y los doce miembros del tripartito municipal votaron en contra de la propuesta.
Y justo antes de los Ruegos y Preguntas, el equipo de gobierno rechazó una propuesta que pedía el aplazamiento de los impuestos municipales a aquellas familias que estén pasando por momentos económicos difíciles.
Ya en el siguiente apartado, Zamudio le pidió a la alcaldesa que desmintiera las acusaciones que han transmitido algunos empleados municipales que consistirían en que, le dijo el andalucista, “usted les habría amenazado con el despido si hablaban mal de la alcaldesa en cualquier medio y especialmente en las redes sociales”. El andalucista, que adelantó no creérselas, le solicitó aclarara estos términos. Otro de sus ruegos versó sobre la reposición del espejo de la calle Baja que posibilita que los conductores y peatones puedan prevenir antes de cruzar.
Zamudio quiso dejarle claro a la alcaldesa, que “nunca he hecho público mi parecer sobre su nivel educativo y cultural, ni de ninguno de sus concejales, esa acusación de incultura mas bien se la debe de dirigir a otro grupo del tripatirto”, en referencia a un escrito de Ciudadanos por Isla lanzado durante la campaña electoral que rezaba “Montse y los integrantes de su lista aportarían la ética y la intelectualidad de la que adolece Antonia Grao”, lo que fue respondido por el PIF con un panfleto.
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